Colectivos sociales coordinan próxima movilización contra el TPP en Lima
(10/12/2015)
Fuente: Servindi.org
Colectivos coordinan acciones de protesta contra el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) que firmó el Perú junto con otros 11 países. La suscripción se efectuó pese a la oposición de diversos sectores sociales que denunciaron el secretismo de las negociaciones y los impactos que el TPP traerá.
La convocatoria es abierta y pueden participar colectivos sociales, sindicatos, gremios, estudiantes, obreros, campesinos, trabajadores, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones de la salud, entre otros.
Movilización
Colectivos de la capital, en buena parte jóvenes, vienen impulsando diversas acciones. El próximo 18 de diciembre se tiene como fecha tentativa para una gran movilización.
La fecha coincide con la multitudinaria marcha que se convocó por redes sociales hace un año, en contra de una ley que el gobierno venía impulsando y que afectaba las condiciones de trabajo de cientos de miles de jóvenes.
Según lo planeado hasta ahora, la marcha tendrá como punto de partida la Plaza San Martín del centro de Lima.
El peligro del TPP
Como es sabido, el 5 de octubre doce países cerraron la negociación secreta del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP, por su sigla en inglés), el acuerdo comercial más ambicioso del mundo que representa al 40 por ciento de la economía mundial.
Ese día el acuerdo fue suscrito por los doce ministros de Comercio Exterior en Atlanta, Estados Unidos.
El nivel de secretismo fue tal que, según medios estadounidense, ni siquiera el congreso del país norteamericano -país que lideró las negociaciones- tuvo acceso al texto del acuerdo.
El TPP genera gran controversia porque levantará las barreras al comercio favoreciendo a las grandes transnacionales y presenta desventajas para los trabajadores y la protección ambiental, advirtieron en su momento diversos especialistas.
El daño a la soberanía de los países firmantes se daría en los capítulos sobre el sector agrícola, medio ambiente, propiedad intelectual, productos farmacéuticos, inversión extranjera, compras gubernamentales, normas laborales, solución de controversias entre inversionistas y Estados, entre otros.
