#esono en Inversión
Las negociaciones de este acuerdo contemplan un importante capítulo de protección de las inversiones y la incorporación de un mecanismo de arbitraje que permite a los inversionistas privados demandar a los Estados ante tribunales internacionales sin pasar por la justicia nacional.
Este tipo de “súperderechos” surgen a partir de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC), y se verían reforzados por el TPP. Este mecanismo conocido como “Inversionista-Estado” establece que los empresarios extranjeros pueden recurrir a tribunales internacionales tales como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) u otros, si consideran que se ha afectado –de una u otra manera- sus expectativas de ganancia.
Al amparo de estos tratados, cada vez son más los inversionistas que llevan a los Estados al banquillo de los acusados, cuestionando muchas veces decisiones legítimas en temas de salud pública, medio ambiente, entre otros.
Existen varios ejemplos:
- Doe Run / Renco Group ha demandado al Perú por 800 millones de dólares, al amparo del TLC con EEUU, alegando un “trato injusto” porque se le exigía que cumpla con sus obligaciones ambientales en La Oroya (una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo).
- La trasnacional farmacéutica Eli Lilly ha demandado a Canadá por 100 millones de dólares, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque un tribunal de justicia le negó una patente.
- La tabacalera Philip Morris ha demandado a Uruguay por 2,000 millones de dólares luego de que este país estableciera leyes para el control del tabaco, al amparo del Acuerdo Bilateral de Inversiones con Suiza.
Este mecanismo resulta perjudicial pues bloquea la capacidad reguladora del Estado para defender a sus ciudadanos y ciudadanas. Por ello, ya son varios los países que lo están cuestionando. Por ejemplo, Australia plantea excluir este mecanismo del TPP y Nueva Zelanda quiere una “excepción general” para defender el medio ambiente, la salud y otros aspectos. Además, otros países –como Brasil- se han desarrollado sin usar nunca este mecanismo.
Entonces, ¿por qué el Perú debería someterse a este mecanismo e incluir en él a empresas de casi una decena de países adicionales? Nuestra petición al gobierno peruano es la siguiente: incluir en el capítulo de Inversiones las salvaguardas necesarias para garantizar la capacidad del Estado de hacer cumplir las leyes nacionales, especialmente en temas de salud pública y medio ambiente.
Más información:
Por un nuevo marco para la regulación de la inversión – RedGE
