Acuerdo Transpacífico afectará soberanía en las políticas de salud
(10/04/14)
Texto que negocian en secreto el Perú y otros 11 países, entre ellos EE.UU., plantea ampliar patentes de fármacos por encima de los 20 años, generando millonarios sobrecostos a nuestro sistema de salud y dificultando todavía más el acceso a las medicinas biológicas contra el cáncer.
La lucha en solitario del Ministerio de Salud contra la multinacional farmacéutica Brystol-Myers Squibb por lograr declarar de interés público un fármaco antirretroviral que nos cuesta 25 veces más que en Bolivia debido a una patente es una “chiquita” para lo que podría esperarnos en el caso de que el Perú ratifique sin salvaguardas el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés).
Este acuerdo se negocia a puerta cerrada desde el 2010 por EE.UU. y 11 países, entre ellos el Perú, que representan en total el 40% del comercio global, lo que convierte al TPP en el acuerdo comercial más amplio y polémico llevado a cabo hasta la fecha.
Lo poco que se conoce del contenido de este acuerdo procede de las sucesivas filtraciones de WikiLeaks de capítulos como el de Propiedad Intelectual, Transparencia e Inversiones, que tienen serias implicancias en el acceso a medicamentos.
El pasado 25 de marzo, La República y el diario La Jornada de México denunciaron en simultáneo cómo el capítulo de Inversiones del TPP expone a los países a demandas multimillonarias en tribunales supranacionales de arbitraje si un inversionista considera que la política de un Estado ha afectado sus ganancias presentes o futuras.
No solo multinacionales como Doe Run, quien ya demandó al Perú ante un tribunal de arbitraje por 800 millones de dólares al amparo del TLC con EE.UU., podrán demandar al Perú. También lo harán compañías farmacéuticas si consideran que han sido dañados sus derechos a la Propiedad Intelectual.
El actual Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual (APDIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no contempla que los laboratorios puedan presentar demandas ante la OMC. Tan solo los Estados.
Sin embargo, el capítulo de Inversiones del TPP, en su acápite 2, cambiaría las reglas de juego al permitir las demandas “inversionista-Estado”, pues faculta a las empresas que operan en cualquiera de los 12 países a demandar por expropiación indirecta, un concepto que englobaría “en circunstancias excepcionales” normas para salvaguardar el interés público en áreas como la salud.
Como antecedente, la organización Public Citizen (EE.UU.) pone como ejemplo la demanda de la multinacional farmacéutica Eli Lilly (EE.UU.) contra Canadá por 100 millones de USD, amparada en el TLC de América del Norte (TLCAN).
Lo sorprendente es que, según el último texto filtrado del Acuerdo, solo Australia se opone a la jurisdicción de este tribunal supranacional en el caso de tratamientos médicos considerados de interés público.
SIN SALVAGUARDAS
Dentro de los 12 futuros signatarios del TPP, existe un grupo de siete países que se oponen a contenidos del acuerdo que pueden afectar el acceso a medicamentos, capitaneados por Australia y Nueva Zelanda. Perú no está en él. Y eso a pesar de que nuestro actual Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. es uno de los más ventajosos al respecto gracias a la intervención del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense, que eliminó aquellas cláusulas más lesivas para la salud pública.
El nuevo Acuerdo Transpacífico plantea unas reglas “plus” en Propiedad Intelectual defendidas por EE.UU. que aumentarían los sobrecostos de medicamentos contra el VIH, el cáncer, entre otras enfermedades.
En los sucesivos capítulos de Propiedad Intelectual filtrados desde el 2011, la constante es la voluntad de ampliación de las patentes para fármacos por encima de los 20 años, periodo que establece actualmente el APDIC (ver infografía).
Las formas para ampliar las patentes planteadas por el texto pasan por mecanismos de compensaciones por supuestas demoras de los países en la emisión de patentes y registros sanitarios. Pero también por segundos usos de medicamentos, algo que impide la actual legislación que rige en los países andinos (D.A. 486).
Un ejemplo de esto es la famosa viagra, fármaco patentado en su día para la angina de pecho pero que como segundo uso se descubrieron sus efectos sobre la impotencia. Y, después, también para enfermedades raras como la distrofia muscular.
En el caso de que entrara en vigor el TPP tal y como está propuesto en las primeras filtraciones, un medicamento podría patentarse y ampliar por 20 años más su monopolio en el mercado si demuestra un nuevo uso.
En el primer texto filtrado de este acuerdo, se proponía patentar incluso métodos quirúrgicos, algo que tras las críticas de la sociedad civil desapareció del texto en las filtraciones del mismo capítulo del 2013 y 2014.
Según ha declarado la organización Médicos Sin Fronteras, en términos de salud, el TPP es el acuerdo comercial más perjudicial que ha existido, sobre todo para países de ingresos medios como el Perú. “Este acuerdo global y de largo alcance pone vidas en juego”, declaró su portavoz, Judit Rius, tras la última filtración de contenidos en el 2014.
Alianza LAC-Global por el Acceso a Medicamentos ha calculado el sobrecosto que supondría para el Perú la ampliación de patentes de medicamentos proyectado al 2030: 477 millones de dólares adicionales. La cifra, apoyada también por Adifan, supone el gasto actual en salud de más de 1 millón 600 mil peruanos.
BIOLÓGICOS BLINDADOS
Los medicamentos biológicos son grandes moléculas vivas cuya eficacia se mide en el tiempo que alargan la vida de enfermos de determinados tipos de cáncer y de dolencias autoinmunes como la artritis reumatoide o enfermedades huérfanas.
Son de alto costo. Por ejemplo, una sola ampolla de Trastuzumab para el cáncer de mama cuesta más de 5.000 soles. Solo un 2% de los medicamentos adquiridos por EsSalud son biológicos. Sin embargo, este pequeño porcentaje supone un 65% del presupuesto de esta entidad para la compra de medicamentos.
Mientras en el Perú todavía no se regula la entrada de biosimilares, la versión “genérica” y más barata de estos fármacos, el TPP haría que la llegada de estos tratamientos más baratos se retrase por lo menos ocho años más.
Dentro del capítulo de Propiedad intelectual del TPP, EE.UU. defiende la incorporación de la protección de datos de prueba para productos biológicos por encima de los siete años, según denuncia Public Citizen. Esto obligaría a su comercialización exclusiva y, por lo tanto, a un alto precio.
El actual TLC con EE.UU. no incorpora datos de prueba de fármacos biológicos, sino solo de “entidades químicas”. Nuestra legislación interna tampoco.
Precisamente, en las últimas negociaciones del TPP que tuvieron lugar en Hawái el pasado mes de marzo, la protección de datos de medicamentos biológicos cobró renovadas fuerzas.
“La industria farmacéutica está haciendo un gran lobby para que el estándar de protección de datos de prueba de 7 a 12 años sea para todos los países”, denunció Javier Llamoza, de Acción Internacional para la Salud en el Perú.
Mientras el debate sobre el TPP está fuera de la agenda pública de Perú, Chile y México, los países latinoamericanos firmantes, el presidente de EE.UU., Barack Obama, hace denodados esfuerzos para lograr que el Congreso le apruebe la autoridad para negociar por la “vía rápida” este tratado. Por suerte, de momento, la oposición en el Congreso de EE.UU. es mayor a la que suscita este acuerdo en nuestro país.